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V Congreso Internacional, Pobreza, Migración y Desarrollo
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 5 al 7 de abril de 2017
Universidad Autónoma de Chiapas

Actualmente el contexto es otro ya que estamos presenciando hoy por hoy el impacto de esa

des regulación o re-regulación de la actividad del Estado a nivel mundial y que muestra en
toda su crudeza el neoliberalismo descarnado de la actividad empresarial, que en México

busca nuevos nichos de negocios en territorios indígenas, y que las reformas energéticas como

parte de las reformas estructurales, establecieron las condiciones propicias para ello.

Esa liberación expone el principio de igualdad en su máxima expresión, colocando a indígenas
y sus pueblos en las mismas condiciones que las empresas, cuando en la realidad son

condiciones distintas marcadas por la desigualdad e inequidad. La liberalización de las normas

(libre concurrencia en la licitación de contratos y concesiones, por ejemplo) coloca a los
actores indígenas o no, capitalistas o no, propietarios de tierras y territorios o no, enfrentados

en una disputa por sus derechos y recursos sin mediaciones ni equilibrios formales y de
fuerzas. Proceso que revela la actuación pro-empresarial de la Organización Internacional del

Trabajo, efectivamente la agencia internacional de derechos humanos sobre el trabajo y que

acogió los derechos indígenas hace más de veinte años (con el Convenio 107 de 1957), ahora
ha impulsado el allanamiento del camino de las empresas hacia los territorios indígenas para

poder ―negociar‖ y/o entablar negocios con sus pobladores.

De esta manera, se apuesta desde las estructuras oficiales y gubernamentales (CNDH 2016)

que la consulta se ―normalice‖ en normas, procesos y procedimientos que si bien pondrán

orden a la forma de hacer consultas, no garantizará el cumplimiento de los derechos de
indígenas y sus pueblos, mucho menos cambiar su relación con el Estado y sociedad

mexicanos.

Es de resaltarse que esa ―normalización‖ se visualiza más ―a modo‖ para respaldar los

intereses de las empresas y del Estado mexicano posibilitando hacer efectivas las reformas en
materia energética y de Desarrollo económico (véase las llamadas Zonas Económicas

Estratégicas). Más aún dadas las advertencias de Magdalena Gómez Rivera en distintos foros

y publicaciones (Gómez 2016 a y b) sobre lo que se ha tornado en ser la Consulta: por un lado
recurso de resistencia para los pueblos y por el otro la oportunidad de justificar la intervención

de gobiernos y empresas en territorios indígenas para su explotación, extracción, saqueo y

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