Page 74 - MemoriaVCongreso
P. 74
V Congreso Internacional, Pobreza, Migración y Desarrollo
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 5 al 7 de abril de 2017
Universidad Autónoma de Chiapas
contra la salud, que tienen una fuerte incidencia), mostraron que quienes se encuentran en las cárceles
son ―aquellos cuya detención ofrece menos dificultades‖. Es decir, los delincuentes peligrosos y
profesionales han logrado sortear con éxito al sistema de justicia penal, y en las prisiones se encuentra
la población que ha cometido delitos menores.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal, por su parte, reportó en noviembre de 2015, que en las
cárceles mexicanas hay 8 mil 403 indígenas. De ellos 7 mil 530 son acusados por delitos del fuero
común (violación, homicidio, lesiones y robos) y 873 del orden federal (contra la salud: siembra de
cultivo y transporte de droga). Según éste censo los indígenas privados de la libertad en su mayoría
pertenecen a etnias de origen maya, seguido por tzotzil, tzeltal, chol, zoque, zapoteco, tejolabal,
chontal, mam, q‘anjob‘al y chuj. Los Estados que más casos de indígenas privados de su libertad se
registran son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero y Michoacán, como se aprecia los estados
con mayores rezagos sociales y económicos.
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las
Mujeres, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan, señalan por su parte, que los procesos que enfrentan
los indígenas están plagados de irregularidades como detenciones arbitrarias, fabricación de pruebas y
falta de traductores.
En el informe presentado por el Centro de Derechos Humanos Prodh denominado: ―Discriminados y
Encarcelados, detenciones y condenas arbitrarias a personas indígenas inocentes en México‖, al Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas en el marco de los
Informes 16° y 17° del Estado Mexicano sobre la implementación de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, se han documentado casos
paradigmáticos como el de Isabel Almaraz, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa
González, Basilia Ucan Nah, José Ramón y Pascual, Hugo Sánchez Ramírez, Silvia Juárez Juárez, que
denotan problemas estructurales que aquejan al sistema penal mexicano y la especial situación de
vulnerabilidad en que se sitúan los indígenas frente a dicho sistema. Además, no es novedad que los
pueblos indígenas sufran con toda crudeza la discriminación de funcionarios públicos encargados de la
aplicación de la ley.
74
