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V Congreso Internacional, Pobreza, Migración y Desarrollo
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 5 al 7 de abril de 2017
Universidad Autónoma de Chiapas
ratificar la denuncia. Lo mismo sucedió en la CEDH, que solicitó ratificar la queja un mes después de
presentada, misma por cierto, deficientemente calificada, porque la dependencia minimizó los daños y
sólo consideró la omisión de respuesta de la autoridad municipal, ignorando los daños ambientales
ocasionados por el basurero que de manera continuada estaba dañando la salud de las poblaciones.
Dada la firmeza de la organización que lograron consolidar las mujeres, el municipio tomó represalias
con todas las comunidades involucradas, dejó de levantarles la basura y las responsabilizó ante otras
localidades de Chiapa de Corzo de tener cerrado el basurero argumentando que ya no quisieron que se
siguiera tirando basura en el depósito. Esta situación de tensión favoreció que las autoridades
municipales enviaran mensajesde manera indirecta a todos los involucrados en la lucha. Pero como de
costumbre esta amenaza la padecieron directamente los más vulnerables: las mujeres. De manera
personal Ana Silvia Gómez Pérez, ingeniera ambiental egresada de la Universidad Intercultural, fue
amenazada la tarde del 24 de mayo por su tío, quien la comminó a que se retirara del movimiento en su
comunidad. El tío le dijo que las autoridades municipales la tenían checada como líder de la
organización, que abandonara la participación política porque corría el riesgo de ser acusada por el
gobierno, amén de que le cerrarían las puertasdel gobierno del estado hasta por diez años. Tambíen
acudió con los padres de Ana Silvia a quienes intentó alarmar con los ―riesgos que corría su hija‖. Esta
amenaza fue registrada en la Fiscalía de Chiapas para dejar constancia de futuras intimidaciones hacia
su persona. Quedó registrada con fecha 06 de junio, cuando solicitó el apoyo de defensoría legal, con
Número de expediente:C.H.0185-27-0401-2016.
Dos días después de la amenaza del tío, el 26 de mayo, llegaron al tiradero dos camiones cargados de
basura para continuar la rutina de descarga, pero las localidades afectadas les impidieron el paso y
encerraron a los choferes en la iglesia de Nucatilí, en espera de que llegaran las autoridades
municipales a efecto de aclarar las acciones de responsabilidad correspondientes. En diversas
reuniones, los pobladores habían acordado con las autoridades ya no recibir más desechos en el lugar.
No obstante, siempre que se abordaba el tema en las reuniones con el alcalde, éste se retiraba
intempestivamente para evadir el dialógo y las autoridades de menor rango sólo dejaban constancia de
las reuniones. De estemodo, las autoridades comunitarias quedaban en estado de indefensión, dado que
no llegaban a un acuerdo definitivo con el presidente municipal, por ello pidieron que un notario
llegara ese día a dar fe de los acuerdos correspondientes con el ayuntamiento.
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