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V Congreso Internacional, Pobreza, Migración y Desarrollo
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 5 al 7 de abril de 2017
Universidad Autónoma de Chiapas
pública proporcionados por el sistema estatal de salud de Chiapas a través de las jurisdicciones

sanitarias regionales son mujeres en situación de pobreza, pues es a través del programa Seguro

Popular que han sido afiliadas.

Considerando que el Seguro Popular en sus inicios fue diseñado precisamente para la atención de
personas con bajo nivel de ingresos económicos, puede argumentarse, desde este entendido, que son las

personas más pobres quienes sufren las principales consecuencias de la deficiente atención en los
servicios de salud pública, especialmente en los de salud SyR.

A esto se puede agregar que son las más afectadas las mujeres pues, según el Informe de Resultados de
la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS, 2015, en La Jornada, 2016) son las

mujeres afiliadas las que más acuden a los servicios de atención a la salud SyR y las entidades con

mayor cantidad de egresos por atención obstétrica son el estado de México, Guanajuato, Jalisco,
Veracruz, Chiapas, Guerrero, ciudad de México y Tabasco.

Así mismo, en Chiapas, según datos del INEGI (2015) el 60% de casos de morbilidad en los servicios
de salud pública tiene que ver con situaciones generadas por el embarazo, parto y/o puerperio, lo que

permite dimensionar la magnitud de los problemas que puede generar una mala prestación de dichos
servicios, pues puede traducirse en cada vez más situaciones de muerte materna, que en Chiapas, se

tiene registro de que se dan en promedio 54 muertes de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, de
estos 54, se estima que el 20% es resultado de un aborto mal practicado, razón por la que Chiapas, a

nivel nacional, ocupa el cuarto lugar en muerte materna.

La negación y deficiencia en el acceso a los servicios de salud SyR, puede entenderse, pues, como un

asunto de injusticia social, pues además de la prohibición legal fuera de las causales establecidas en el

Código Penal, las mujeres más pobres son las que tienen que someterse a los servicios de mala calidad
o en muchos casos, prescindir de ellos buscando otras alternativas para interrumpir sus embarazos que

las ponen en riesgo de grave daño a su salud o de muerte.

Una legislación y los mecanismos adecuados que permitan el acceso a servicios de salud SyR de

calidad permitirían disminuir las condiciones de injusticia social que enfrentan las mujeres, pues como
en el caso de la Cd. de México, en donde la legislación permite, a través de procesos de capacitación y

sensibilización al personal de salud, ofrecer servicios completos que permitan que las mujeres reciban
un servicio de calidad y con calidez, las y los prestadores estén capacitados con el más alto estándar

que demandan los instrumentos internacionales para atender los procedimientos de aborto, ofrecer una

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